martes, 21 de octubre de 2008

Manual para entender la reforma previsional (o el grotesco negocio de las AFPs)

Rolando Alvarez V
La problemática que rodea al debate sobre la reforma previsional contiene una de las paradojas más grandes del Chile de hoy. Por un lado, lo que hoy se debate es el futuro de millones de chilenos, de cómo será la vejez de las personas que cotidianamente laboran en el país. Pero por otro, y aquí radica la paradoja, es que el previsional es un tema que difícilmente es comprendido por la ciudadanía. En efecto, mientras que un grupo de 15 técnicos de la Concertación y de la derecha (incluidos ex ministros de la dictadura) sacan cuentas con la plata de todos los trabajadores y trabajadoras del país, estos permanecen aparentemente indiferentes. ¿Es que a tal nivel ha llegado la apatía de los chilenos, que ni siquiera se preocupan por el destino de sus fondos de pensiones?.
En este artículo no pretendemos responder esta pregunta de manera directa, sino sólo intentar a aclarar el enredado y casi incomprensible debate técnico, que hasta ahora a primado en torno a la cuestión previsional. Parte de la respuesta a la interrogante respecto al por qué de la pasividad de la gente frente a esta temática de tan graves consecuencias para todos, seguramente tiene que ver con el desconocimiento de lo que ésta encierra.
En las siguientes líneas no se encontrará un análisis “técnico” de la reforma previsional, del estilo que abunda en los diarios de la derecha chilena, algunos de cuyos propietarios han lucrado con el negociado de las AFPs. Por el contrario, intentaremos cartografiar la manera como el actual sistema (privado) de jubilaciones en Chile, está orientado de tal manera, que se resume en una conclusión evidente: favorece a los más ricos entre los ricos en Chile y perjudica a la enorme mayoría de los chilenos. Tal como lo mostraremos, detrás del velo “técnico”, es indesmentible y comprensible para cualquier persona común y corriente, que el de las AFPs no es sino un monstruoso negociado en donde los más ricos se llenan de dólares en un negocio simplemente redondo para sus voraces bolsillos.

Las bases del abuso
Hasta fines de los setenta, el sistema previsional chileno se basaba en el llamado “sistema de reparto”, cuya esencia era un criterio solidario. En términos muy simples, este se basaba en que los trabajadores del presente financiaban con su aporte a los jubilados. Es decir, era un pago “al instante”, en donde el destino del dinero de los trabajadores era perfectamente conocido. Aprovechando las óptimas condiciones políticas que daba el marco de los años de la “dictadura terrorista” de Pinochet, este sistema fue eliminado (acusado de “ineficiente” y generador de “bajas pensiones”) instaurándose un sistema de cotización individual administrado por la empresa privada.
¿Cuál era la promesa de los economistas de la dictadura?. Nada menos que el “nuevo sistema” obtendría tres logros, a saber: mejores pensiones, mayor cobertura y menor evasión. Hoy, lo indignante no es sólo que ninguno de estas promesas se ha cumplido, sino que el sistema, sostenido en los descuentos salariales de todos los trabajadores y trabajadoras del país, ha tenido como resultado visible el más descarado enriquecimiento de los empresarios más poderosos del país. Pero antes de seguir, veamos como la realidad demuestra las falacias del supuesto beneficio del sistema privado de pensiones.

Las bajas pensiones
De acuerdo a las cifras oficiales hacia 2005 las AFP pagan jubilaciones cuyo valor promedio es de 124 mil pesos mensuales, el que es subsidiado por el Estado. Es decir, el aporte directo de las AFP alcanza un promedio de 95 mil pesos mensuales, cubriendo solo el 4,3% de los adultos mayores del país. Por su parte el Estado, por medio del INP, CAPREDENA y DIPRECA cubre a más del 90% de los pensionados del país (incluyendo a los que subvenciona de las AFP). De acuerdo a datos actuales, las pensiones de los empleados públicos jubilados por el INP tienen un promedio de 350 mil pesos mensuales. Los de CAPREDENA y DIPRECA 411 pesos. Por otra parte, según cifras de la Superintendencia de AFP, casi la mitad de las pensiones entregadas por éstas son menores a la pensión mínima estatal (cuyo monto oscila entre 77 y 120 pesos mensuales). La ONG CENDA ha estimado que su monto promedio es de 48.844 pesos mensuales. Además, la propia Superintendencia muestra que entre el año 2005 y el 2025 más de la mitad de los cotizantes de las AFP no cumplirá los obligatorios 20 años mínimos que exige el sistema para recibir la garantía estatal.
¿Qué significa todo esto? Que resultó completamente falso lo prometido por el sistema privado respecto a que entregarían pensiones más altas que las del desechado sistema de reparto. Por el contrario, actualmente se produce en el país la dramática realidad que trabajadores públicos con igual años de cotización, edad y similares montos acumulados, reciben pensiones distintas, estimadas en un 60% superior las de INP sobre las de las AFP. Además, las cifras anteriores demuestran que es un error decir que en Chile el sistema de jubilaciones es privado, ya que en la práctica es el Estado quien se hace responsable de gran parte de ellas.

Menor cobertura
Como el sistema de AFP privilegia los minoritarios sueldos altos, unido a la transitoriedad de los empleos, la cobertura previsional del sistema es alarmantemente baja. Un estudio de la Centra Unitaria de Trabajadores (CUT), basado en cifras de la Superintendencia de AFP, demuestra que el actual porcentaje de cobertura no supera el 60% de la fuerza de trabajo del país, es decir, 4 de cada 10 trabajadores quedan cubiertos por ningún sistema. Es por ello que una de las reformas más urgentes del sistema es reducir el mínimo de 20 años para recibir la garantía estatal, ya que desincentiva ahorrar a los trabajadores que ven lejana esa meta así como tampoco toma en cuenta que en los tiempos de la flexibilidad laboral y de subcontratación, no es una tarea sencilla llegar a los 20 años de cotizaciones. Así, solo el 11% de los afiliados cotiza regularmente los 12 meses del año, quedando alrededor de 3 y medio millones de chilenos y chilenas fuera del sistema. Nuevamente es el Estado el que asume los vacíos estructurales generados por el modelo privado de pensiones.

Menor evasión
Este punto es para muchos trabajadores una verdadera tomadura de pelo o broma de mal gusto. Gracias a las propias leyes laborales decretadas por la dictadura, que debilitó las organizaciones sindicales y enajenó derechos que los trabajadores habían conseguido tras décadas de lucha social, hoy no es extraño que los empleadores se apropien de las cotizaciones de los trabajadores. Tan agudo es este problema, que hacia 2003 el 80% de los juicios abordados por los tribunales laborales se referían a deudas previsionales. Para el 2005 la deuda con las AFP era de 325 millones de pesos.

La dramática situación de la mujer
Un punto aparte requiere la situación que tiene la mujer en el actual sistema previsional chileno. En efecto, como el sistema de pensiones chileno es de carácter contributivo, es decir, depende del dinero que la persona aporte a su fondo individual, la mujer ve acentuado los problemas generados por el sistema. Esto radica en el hecho que la modalidad de pensiones en Chile supone igualdad de género en el ámbito laboral, lo cual sabidamente no es así. En este sentido es evidente que la mujer recibe salarios más bajos que los hombres ante un mismo empleo. Pero además, de acuerdo a diversos estudios, como los desarrollados por el Centro de Estudios de la Mujer (CEM), el empleo femenino está asociado a los más altos niveles de inestabilidad y precariedad dentro del mercado del trabajo nacional. Y para coronar la desmejorada situación de la mujer, el sistema de pensiones no contempla lo que CEM llama “trabajo reproductivo” de la mujer, que provoca una mayor discontinuidad en el mercado del trabajo.
¿Qué significa esto? Algo sabido y vivido por la inmensa mayoría de los chilenos y chilenas: que producto de tener hijos, la mujer deja de trabajar, dificultando la meta de cumplir los 20 años de cotizaciones mínimas que exige el sistema para recibir la garantía estatal. Juntando los factores enumerados más arriba, la triste conclusión no puede ser sino que la mujer recibe pensiones aún más bajas que la de los hombres. En la presentación hecha ante la llamada “Comisión Marcel”, encargada por la Presidente para analizar la reforma del sistema de pensiones, el CEM propuso medidas básicas para paliar la situación de la mujer, como por ejemplo terminar con el uso de tablas de expectativas de vida diferenciadas por sexo (como la mujer vive en promedio más años que el hombre, se le perjudica), reducir la cantidad de años cotizando y reconocer la importancia del “trabajo reproductivo” de la mujer. En este punto CEM plantea la necesidad que se establezca que el tiempo dedicado a estas labores se reconozcan como tiempo que permita acumular derechos previsionales. Para ello, el aporte solidario y contributivo del Estado es fundamental.

A río revuelto, ganancias de las AFP
Hasta aquí, sólo hemos señalado el mal servicio que las AFP prestan a sus cotizantes. Pero la pregunta que surge es obvia. ¿Dónde queda o adonde se va el dinero que mes a mes se le descuentan a los trabajadores y trabajadores chilenos?. En este punto, resulta escandalosa la instauración de un sistema ideado para el beneficio de una ínfima minoría. Sin temor a equivocarnos, podemos afirmar que las AFP son un oligopolio (son sólo seis, de las cuales las tres mayores administran el fondo de más del 80% de los afiliados) que prestan un servicio carísimo. Como es sabido, las AFP cobran una comisión fija y otra variable por administrar la jubilación de las personas, constituido por un fondo basado en el descuento del 10% del salario. Actualmente la comisión variable fluctúa entre el 2,55% a 2, 23%. Dos tercios de ella es para pagar los gastos de administración y lo restante para pagar el seguro obligatorio de sobrevivencia e invalidez. Por su parte, la comisión fija no es cobrada por algunas AFP (CUPRUM por ejemplo) hasta otras que cobran casi 700 pesos.
De acuerdo a la investigación de CENDA, estos aparentemente inocentes cobros, les significan a trabajadores un total de 334.799 millones de pesos mensuales (cifras del año 2004). Esto equivale a casi seis veces el costo de operación del INP, que costó el año 2004 57.330 millones de pesos. Esto significa que el supuestamente “ineficiente” sistema estatal cubre las necesidades de más del 90% de los pensionados del país, con un costo de operación que equivale a un poco más de la cuarta parte de las comisiones netas cobradas por las AFP. Pero esperen, que esto no termina aquí.
El ingreso real de los dueños de las AFP es muy alto. Los salarios de los directores de las AFP absorben 855 millones de pesos, las remuneraciones de 50 ejecutivos implican 6 mil millones de pesos. Según CENDA solo los sueldos que pagan las AFP a sus altos ejecutivos, representan casi el 10% del costo total del INP. Asimismo, los gastos de comercialización de estos organismos son de 30 millones de pesos, más de la mitad del costo total del INP. Por su parte, de acuerdo a un estudio de la Universidad Católica (año 2004), la rentabilidad promedio de las AFP entre 1998 y 2003 fue de un 50% al año. Negocio redondo por donde se le mire.
Pero hay detalles que dejan la boca abierta a cualquiera, producto de lo descaradamente injusto que es el sistema. Desde sus inicios las AFP cobraron un 1% del sueldo de las personas para pagar el seguro de invalidez y sobrevivencia del cotizante. Abogados laboralistas demostraron que el monto de ese seguro era mucho menor, fijándose el cobro en un 0,1%. Sin embargo, esto todavía le permite a las AFP contratar seguros a más bajo precio de lo que cobran, apropiándose de la diferencia a su favor.
Finalmente, el 80% del fondo final recolectado por las AFP se lo llevan los grupos económicos (32,6 billones de pesos según un estudio CENDA), de los cuales 19 billones se quedan en 13 grandes empresas (incluyendo a Luksic, Paulmann, Matte, Saieh, BBVA, Banco Santander, Angellini, entre los más conocidos). En el mismo estudio de CENDA, se establece que casi un tercio del fondo final (13 billones de pesos) están invertidos en el extranjero. Entonces, ¿cuál es el aporte o beneficio para el ciudadano chileno que mes a mes paga sus cotizaciones? De acuerdo a como se encuentra el sistema hoy, con suerte le alcanzará a postular a la garantía mínima estatal, si es que cumple los 20 años cotizando.

La necesidad de urgentes cambios al sistema
Luego de esta breve revisión de las características del sistema de pensiones en Chile, no es necesario ser un connotado especialista para percatarse que este requiere de urgentes modificaciones. Las propuestas de organizaciones gremiales y sociales, como la CUT, ANEF, el CEM y CENDA, concuerdan en la necesidad de un sistema mixto, basado en tres pilares fundamentales:
Primer pilar público no contributivo (o sea que no depende del financiamiento de los trabajadores), que debiera garantizar una pensión básica como un derecho. De acuerdo a la propuesta hecha por CENDA a la “Comisión Marcel”, solo manteniendo el actual gasto estatal en materia previsional, es posible en dos o tres años que esta tenga como piso mínimo un monto de 100 mil pesos, que luego subiría de año en año.
Segundo pilar contributivo solidario (con aporte de los trabajadores y empleadores). Por medio de este pilar, se repondría el antiguo sistema de reparto o pago sobre la marcha, que funcionó en Chile hasta 1981. Tal como antaño, debería ser de carácter obligatorio y su primera función sería que subsana la enorme injusticia que viven los jubilados y por jubilarse de las AFP, que reciben pensiones menores que las de quienes se quedaron en el INP. Como lo señala CENDA, estos fondos los administraría este organismo estatal, reduciendo los altos costos cobrados actualmente por las AFP a sus cotizantes.
Tercer pilar de capitalización individual. Sin negar su existencia, la propuesta de CENDA establece que se le traspase al INP las tareas de recaudación y pago de beneficios, quedando en manos de las AFP sólo la gestión de los fondos. Como lo señalara hace unos días el economista Manuel Riesco, esta medida abaratará los costos del sistema, ya que en lo fundamental, en la actualidad el INP realiza esta función. Este ahorro, dice Riesco, obviamente iría a financiar el fondo solidario del segundo pilar. Por su parte, el monto máximo por gestionar los fondos lo debe fijar el Estado (no como ahora que es libre), lo que permitiría una competencia basada en cobros menores para atraer cotizantes. Finalmente, CENDA propone que se establezca que el grueso de los fondos sea invertido en la economía nacional y una parte en Latinoamérica, como forma de promover la integración regional.
Para terminar, dejamos planteada la inquietud acerca de la necesidad política de agitar y denunciar en la base social el negociado de las AFP. La ignorancia generalizada sobre la materia opera como el mejor mecanismo para encerrar esta temática en una discusión “técnica”, cuando en realidad se está definiendo como serán los últimos años de vida de millones de chilenos y chilenas.

CUT: Central Unitaria de Trabajadores de Chile

ANEF: Agrupación Nacional de Empleados Fiscales

CEM: Centro de Estudios de la Mujer

CENDA: Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo


"Por una Reforma Solidaria". Declaración de Santiago de los Académicos de Chile. Académicos de Chile
Los académicos abajo firmantes, reunidos en Santiago de Chile, en el Seminario por una Reforma Previsional Solidaria, en el marco del proceso iniciado por la Presidenta Michelle Bachelet, declaramos:
Transcurrido un cuarto de siglo desde la privatización del sistema de pensiones, sus limitaciones han emergido. Los chilenos han decidido reformarlo.
Sus beneficios se han remitido en lo fundamental a los mercados financieros y a la industria que lo administra. En parte, han alcanzado a una minoría de ingresos más elevados, pero ni siquiera ellos están exentos de problemas.
Sus carencias afectan a millones de personas. Los ahorros no alcanzan a financiar pensiones mínimas, el fisco debe subsidiar sus insuficiencias, el sistema actual otorga beneficios inferiores a los que entrega el antiguo, quedan a merced de la incertidumbre de bolsas de valores y tipos de interés. El deterioro se agrava en el caso de los hombres casados y especialmente, las mujeres.
Las redes estatales de protección mínima han resultado ineficaces para la mayoría.
Las falencias del sistema radican en su diseño, en la reducida cobertura, discriminación, e incertidumbre de sus beneficios. Antes los empresarios cotizaban, hoy son los trabajadores los que aportan su financiamiento.
Es inaceptable la pretensión de rebajar derechos adquiridos.
La reforma debe seguir otro camino. Reparar los daños causados. Reponer a toda la ciudadanía a lo menos el nivel de beneficios que otorga el sistema antiguo, y luego, mejorar los derechos de todos.
Debemos construir un sistema que tenga legitimidad. Revisar el principio sobre el cual hoy descansa de manera exclusiva. Corregir su extremo ideologismo. Aprender de las mejores prácticas internacionales. Establecer una estructura equilibrada. Sustentada en tres bases sólidas y bien articuladas.
1) Garantizar a todos los mayores el derecho humano y constitucional a un ingreso que cubra sus necesidades básicas.
Todos aportaron al engrandecimiento del país. También aquellos que poco o nada pudieron contribuir al sistema de pensiones. Felizmente, este derechos es posible financiarlos. Basta mantener hacia el futuro, el nivel de gasto público previsional que el país ha venido sosteniendo en décadas recientes.
2) Restablecer el principio solidario.
Destinar las cotizaciones a pagar pensiones. Quiénes trabajan hoy devuelven la mano a quiénes los mantuvieron ayer. Este es el sustento legitimo de los sistemas de previsión, desde sus inicios, hace más de un siglo. También en países con poblaciones de más edad. Sólo en Chile fue abolido en un acto arbitrario. El salario real promedio aumenta con el crecimiento económico. El aporte colectivo siempre crece, incluso cuando arrecian las turbulencias financieras. Un sistema solidario permite garantizar pensiones de un monto conocido, los aportes actuales son suficientes para ofrecer a todas las personas pensiones similares a las del sistema antiguo, quedando incluso un excedente. El número de adultos mayores crece moderadamente. La contribución de los empleadores deberá sumarse al pilar solidario para reparar el daño ocasionado a los mayores de hoy, especialmente a las mujeres, otorgándoles amplios beneficios futuros.
3) La capitalización individual deberá reducirse como mecanismo obligatorio.
De pilar único deberá transformarse en complementario, tal como acaece en países desarrollados. Es posible visualizar un sistema nacional estrictamente regulado, al que todos tengan derecho a afiliarse, sin tener que hacerlo a una empresa determinada. Recaudaciones, pagos y otros servicios pueden centralizarse y la gestión de los fondos dispersarse. Muchos agentes con la alternativa de un operador estatal eficiente. Los fondos, invertidos en Chile, de preferencia en instrumentos seguros y proyectos de desarrollo que beneficien a los más.
Basada en estos principios, la reforma podrá construir un nuevo sistema, solidario, moderno y duradero. Capaz de concitar un amplio consenso nacional.
Ubaldo Zúñiga Quintanilla
Rector Universidad de Santiago de ChilePresidente Consorcio de Universidades Estatales de Chile
Luis Riveros Cornejo, ex-Rector, Universidad de Chile
Jorge Arrate Mac Niven, Rector, Universidad ARCIS
Manfred Max-Neef, ex-Rector, Universidad Austral de Chile
Hugo Fazio Rigazzi, Director, Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo, CENDAJorge Carvajal, Rector, Universidad La República
Víctor Fajardo, Rector, Universidad de Magallanes
Emilio Rodríguez, Rector, Universidad de Tarapacá
Antonio Maurer, Prorrector, Universidad de Playa Ancha
Antonio Elizalde, Rector, Universidad Bolivariana
Juan Ruz, Rector, Universidad Academia Humanismo Cristiano
Fundación Chile 21
Centro de Estudios para el Desarrollo, CED
Centro de Estudios Diego de Medellín
Fundación Terram
Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz, ICAL
Patrocinaron el seminario:
Central Unitaria de Trabajadores, CUT
Confederación de Estudiantes Universitarios de Chile, CONFECH
Fundación para la Superación de la Pobreza


Manuel Riesco: el derecho a un sistema previsional solidario y legítimo. Manuel Riesco
En Chile el sistema de pensiones públicas no es para nada inefectivo, sino que por el contrario, es extraordinariamente efectivo. Cubre al 74% de los adultos mayores, con pensiones que en promedio, se acercan al 70% de los salarios medios aproximadamente. Por ejemplo, en el caso de los empleados públicos, es de $160.000. La pensión media y el salario medio del sector publico debe estar hoy entre 400 y 500 mil pesos. Si ustedes se dan cuenta, es una proporción bastante alta.El sistema público no es para nada ineficaz, ya que cubre las tres cuartas parte de los adultos mayores. De las pensiones públicas el 86 % son superiores a la mínima. En cambio, de la gente que este año va a jubilar por la AFPs, las tres cuartas parte tienen pensiones inferiores a la mínima y la mitad no alcanza a tener 2.000.000 de pesos en su cuenta y, por lo tanto, tiene pensiones inferiores a 10.000 pesos. O sea, la diferencia entre los que están en el sistema público y los que están en AFP es gigantesca. Por eso el sistema público ofrece hoy día un parámetro muy importante, un parámetro mínimo, en el sentido que la reforma no puede pretender ofrecer beneficios inferiores a lo que hoy día ofrece el sistema publico, por lo menos tienen que ser iguales.
Por eso se habla de restituir a todos los chilenos el nivel de beneficios que tiene hoy día el sistema público, y en segundo lugar, también, para que estamos con cosas, nos pone un techo, porque no es cosa de pedir cualquier cosa, sino que esta reforma tiene un objetivo muy claro. Las FF.AA, tienen $411.000, los del sistema público civil tienen $460.000. Las diferencias están claras. Preocupémonos por el problema de los que están en las AFPs, que tienen beneficios peores que los del INP, y de todas las mujeres, que están perjudicadas. Entonces, el objetivo mínimo de la reforma tiene que ser restituir a todos los chilenos al menos, el nivel de beneficios del INP.
Yo creo que el INP debe tener un limite mínimo razonable y después hay que mejorar las pensiones de todos. Ahora, creo que el tema del primer pilar es una discusión que tienen bastante acuerdo. Salvador Valdés ha mencionado que está de acuerdo que haya un pilar público que entregue las pensiones a los ancianos pobres. Gonzalo Martner ha propuesto un tema que a mi juicio es el mejor, que es efectivamente el de garantizar un derecho universal, y si se va a discriminar por algún lado, que se discrimine por arriba y no por abajo. En otras palabras, que no se discrimine de dar pensión sólo a los pobres que demuestren que son indigentes, como ocurre ahora, sino que al revés, se les dé a todos y se discrimine a los ricos, que es mucho más fácil discriminar.
Si uno toma por ejemplo personas que viven en casas que son avaluadas por más de 30.000.000 de pesos, que es el 7 % de la población, eso ya tiene una discriminación visible. Ahora, tiene que haber un mecanismo y por eso la ficha SAG, como la ficha CAS, que obliga a los pobres a mostrar que son indigentes, podríamos hacer una ficha SAG a esta señora que a lo mejor vive en una casa de 30 millones de pesos y por este motivo queda fuera del beneficio universal. Ahora si esa señora dice, “mire yo necesito esta pensión”, entonces se le dice, “mire vaya a la municipalidad, llene la ficha SAG”. Entonces, que llene la ficha y diga “mire yo vivo en esta casa, pero necesito la pensión”. ¿Saben que más?, yo sería compasivo con ella, yo le daría la pensión, no usaría con esa señora el criterio bastante cicatero, por decir lo menos, que han usado con los pobres durante todo este tiempo.
En otro plano, tengo la impresión de que también hay bastante consenso y Salvador Valdés es el que más lo ha planteado, sobre la necesidad de hacer más eficiente el sistema de AFP. Sobre las formas de hacerlo, a lo mejor puede haber otras. Nosotros estamos abiertos a cualquiera que sea más eficiente, para que así no estemos gastando nuestras cotizaciones previsionales en alimentar, como hoy día ocurre, una industria que es parasitaria. Imagínense, una industria que factura la mitad de lo que facturan las micros amarillas, si es una industria bien rasca, ¡las micros amarillas facturan el doble!, y sin embargo ¿ustedes ven a los dueños de la micros amarillas ganando 20 millones de pesos mensuales, en una oficina de 60 metros cuadrados?. ¡No pues! los jefes de las micros amarillas andan por ahí rogando que les tiren algún subsidio, porque las van a dejar afuera del negocio con Transantiago, en eso andan.
Pero acá estamos manteniendo una industria que realmente es una vergüenza, y ojo, no es sólo las AFPs, también son esas compañías de seguros coligadas. Gran parte del costo está en las compañías de seguros, no hay que olvidarse que cobraron hasta hace poco el 6% de fondo para otorgar la pensión anticipada. Es el único seguro de vida del mundo, donde la vida se paga al contado, por adelantado. En todas las otras usted toma un seguro de vida y paga en cuotas, una cuota baja todos los meses. En esta otra no, le pasa 80, 70, 60 millones de pesos de un viaje, de entrada, y después vamos a ver si se la pagan. Por ejemplo Lemax, no pagó, se quedó con los 80 millones de no sé cuántas personas que habían tomado el seguro, se las embolsó el sinvergüenza. Es un grupo donde trabajaban dos altos ex-funcionarios del gobierno, hay que decirlo, que es una vergüenza, se lo llevaron no más. ¿Y quien cargó con el muerto?, el Estado, le está pagando el 75 % de lo que antes tenían como pensión anticipada a los jubilados.
Hay un consenso nacional de mejorar las cuentas, pero sin embargo, yo quiero reiterar que lo que está en juego principalmente en esta reforma es quien se queda con el flujo de cotizaciones previsionales que se le descuentan todos los meses a los trabajadores y que en un año suman 1.9 billones de pesos, es decir, 1.9 millones de millones de pesos. Para entender lo que implica esta cifra, todas las pensiones civiles que paga el Estado cuestan 1.5 millones de pesos. Es decir, se les descuenta a los trabajadores 1.9, y las pensiones civiles que paga el INP, 1.5, y se le entrega al 74% de las actuales pensiones. O sea, las pensiones actuales publicas tienen una cobertura muy amplia. Bueno, vuelve al 1.5 y se les descuenta el 1.9 a los trabajadores, ahora, ¿quién se queda con ese flujo?, que es un flujo muy estable, que es un flujo que no sube y baja como los ascensores, como sí lo hacen los fondos de inversiones invertidos en acciones. Es decir, las pensiones que se pueden financiar con ese flujo, pueden ser definidas y no pensiones aleatorias, indefinidas, que dependan de la tasa de interés que hay en New York. Si baja la tasa de interés, le bajan las pensiones a los chilenos, si cae la bolsa, puede caer en un 70% la bolsa, y resulta que Chile es el único país que tiene la insensatez de hacer depender el 100% de las pensiones y la capitalización, es el único país. Y si la bolsa cae en un 70% resulta que los viejos van a pender el 70% de sus pensiones. Entonces, ¡por favor, ese es el problema central que hay aquí!.
Ahora este no es un problema común, porque la mayoría del país que no alcanza ni siquiera el mínimo van a corre por cuenta del Estado, sea como sea que diseñemos el plan del primer pilar. Pero para la clase media, para los trabajadores que quieren obtener una pensión proporcional o parecida a la que ganaban en su vida activa, para ellos, si no restablecemos de alguna manera el sistema de reparto, resulta que sus pensiones, además de malas, van ha ser tremendamente inciertas. Miren el mes pasado, los fondos de pensiones perdieron 2 mil millones de dólares, perdón estoy exagerando, perdieron 1.960 millones de dólares. En un mes, perdieron 2 millones de dólares. El año pasado en octubre perdieron 2.500 millones de dólares. Si toman las dos cifras, es más de lo que se cotiza en el año. Ahora, de eso no hay garantía estatal, por supuesto que no hay garantía estatal. Entonces el problema central realmente de la reforma es, repito, quien se queda con el flujo estático creciente de cotizaciones provisionales.
Fíjense que las cotizaciones previsionales crecen al 6% al año, en los últimos 15 años eran de 0.83 millones, el año 90’, hoy día son de 1.9 millones porque hay nuevos asalariados, porque el núcleo de trabajadores asalariados que cotiza crece todo los años, incluso en las recesiones. En un siglo solamente en dos ocasiones ha disminuido el ritmo de trabajadores asalariados, fue en la crisis del 30’ y la crisis de 82’. Todo el resto del tiempo siempre estuvo en crecimiento, sólo en las recesiones estuvo más lento. Entonces, no es posible absorber a todos los trabajadores que entran y la cesantía también aumenta, pero el flujo crece, y los salarios también crecen todos los años. Así, como el flujo de cotizaciones depende del número de trabajadores asalariados, los que crecen todo el tiempo, el sistema es como una vaquita lechera, que da leche todos los días. ¿Y quién se queda con esa vaquita lechera desde 1981 en Chile?.
Fíjense en la historia de todo lo que ha pasado de 1981 hasta ahora. Hasta 1981 las cotizaciones de los trabajadores se destinaban para pagar pensiones. Esto era lo que daba legitimidad a los descuentos salariales, porque eran para pagar pensiones. Así nacieron los sistemas de pensiones. Si éstos no lo inventaron los Estados, ni los “cabezones”, lo inventaron los trabajadores, en los colectivos de principios del siglo 20’, en que se descontaron parte del sueldo para pagarles pensiones “al tiro”. Es decir, siempre han tenido esa legitimidad los descuentos, porque cortaban un poco de su salario para pagar pensiones a los viejos. Como es un flujo muy estable, muy seguro, que crece más rápido que los adultos mayores, ha permitido en todos los países del mundo financiar pensiones definidas, de acuerdo a un nivel muy bueno. Este flujo ha permitido financiar los sistemas de pensiones en todo el mundo con legitimidad, con estabilidad y con un nivel bastante decente, el único país del mundo en que abolieron esto fue Chile, lo que es una insensatez.
Un mecanismo probado a lo largo de un siglo y queda abolido. La verdad que no quedó abolido, quedo embargado, porque ¿qué es lo que ha pasado con el flujo desde 1981? Hasta ahora, ¿cuál ha sido el flujo? Han sido 23 billones de pesos los que se han descontado. De estos 23 billones, se pagaron algunas pensiones. Las AFPs y las compañías de seguros coligadas, han pagado pensiones, son 130 mil pensiones a adultos mayores (el Estado paga 1 millón 300 mil pensiones). Esas pensiones que se pagaron, ¿cuánto costaron?, 4.4 billones, que descontaron de los 23 billones acumulados. Pero, ¿saben cuánto les pasó el fisco a las AFPs por concepto de bonos de reconocimiento?: 4.4 billones de pesos. Es decir, todas las pensiones las pagaron con el flujo de bonos reconocimiento, todas, hasta el último peso. Pero hasta el último peso de las nuevas cotizaciones, ¿para donde fue?. El 20% del actual fondo de pensiones fue prestado al Estado. En parte reventaron al Estado, porque con esto tuvo que financiar los bonos de reconocimiento. Pero, el 80% restante ¿Dónde está?, ¿Quién lo recibió?. Lo recibieron los principales fondos mutuos. Un 30,5% del total está invertido en el extranjero y la mitad está en 8 fondos de inversiones. Piensen en la posición que se encuentran esos. Y lo que está invertido acá en Chile, que es la mitad del total, fue en grupos privados. La mitad esta en trece grupos.
El tema es si vamos a seguir por otros 20 años, después de esta reforma, descontándoles cotizaciones a los trabajadores para pasárselos a los grupos económicos. Este es uno de los sistemas redistributivos del ingreso más regresivo que hay en el país y 23 billones de pesos es la mitad del piso. Es decir en los últimos 15 años se les ha quitado de los bolsillos de los trabajadores la mitad del PIB chileno y se le ha traspasado a estos trece grupos en lo fundamental y un tercio se le ha traspasado a cinco grupos. El punto concreto es si vamos a considerar legítimo que nos imponga más obligaciones un sistema que tiene este problema de diseño básico. Porque resulta que ellos se quedan con el flujo constante, el flujo que crece todos los años y en cambio el monto de las pensiones de la gente las dejan a la suerte de algunos de los mercados financieros. Ese es el problema de legitimidad básico. ¿Vamos a seguir con esto otros 23 años, en que el Estado avale todas las pensiones y todos los esfuerzos de los trabajadores a los bolsillos de estos señores?Tengo la impresión que para que haya legitimidad en el sistema que vamos a construir en esta reforma, al menos parte de este descuento previsional tiene que destinarse nuevamente a ir reconstruyendo gradualmente el tema de reparto, que es el sistema que le da seguridad a las pensiones. Así cada persona sabría lo que va a sacar. Eso es lo que le daría legitimidad al sistema.
***El texto corresponde a la intervención del autor en el seminario "Por una Reforma Previsional Solidaria", realizada en Santiago de Chile, el 14 y 15 de junio de 2006.

La lucha de las mujeres temporeras del campo por una mejor previsión y trato laboral. Antonio Aravena
Para nadie es un misterio que las condiciones de trabajo y de vida de las mujeres del campo, pensemos en aquellas trabajadoras temporeras vinculadas a la actividad frutícola o la agroexportación, son de una gran precariedad. Dicha situación, ciertamente, no se condice con el espectacular crecimiento económico del sector y las ganancias generadas por el negocio. En este marco, hostil y de alta vulnerabilidad, las mujeres se han ido organizando y luchando por recuperar su dignidad y sus derechos.
Las magras condiciones laborales de las mujeres temporeras de la agroexportación se expresan en distintas formas. Conversando con Alicia Muñoz, secretaria general de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (Anamuri), logramos entender un poco mejor la difícil situación de las trabajadoras. Esta organización, que se encuentra preparando su Congreso Nacional, está presente a través de todo el país, incluyendo entre sus socias a trabajadoras de muy distinto tipo: campesinas, pequeñas productoras, pescadoras artesanales, recolectoras de bosque y de orilla de mar, artesanas, crianceras, asalariadas agrícolas, cultoras del folklore y de tradiciones del campo chileno. Son más de 6 mil socias las que tiene Anamuri.
Para esta organización los problemas de condiciones laborales y protección social que afectan a las temporeras han sido una permanente preocupación. Entre los principales problemas que observan en el sector se encuentran: las mujeres (también los hombres) están expuestas al despido y los abusos, en muy pocas ocasiones se les hace contrato, ganan menos salario que los hombres, no tienen lugares habilitados para almorzar y muchas veces comen en el suelo, no siempre cuentan con baños, los salarios son inestables y en ocasiones desconocidos, arriesgan su vida y la de sus hijos por el abuso de plaguicidas, existe miedo a organizarse debido a las represalias de los empleadores, están excluidas de sistemas de seguridad y protección para la vejez porque cotizan muy pocos meses en su vida laboral. En función de buscar soluciones la Anamuri ha participado en mesas de trabajo impulsadas por el gobierno, pero no han logrado los resultados esperados y, al contrario, se han quedado con la impresión que dichas instancias sólo son una estrategia para mantener controladas a las organizaciones. Las trabajadoras quieren confiar en la autoridad, pero cada vez les cuesta más. Por esta razón, la reflexión entre ellas mismas adquiere una especial importancia en términos de definir los siguientes pasos que darán.
Escarbando un poco más en la situación de las temporeras nos encontramos con distintas dificultades. En cuanto al tema de contratación es alarmante que sólo el 50% de las temporeras (son cerca de 400 mil en total) han firmado un contrato de trabajo, lo cual es ratificado por la encuesta nacional CASEN de 2003. La no-escrituración del contrato, a la vez, está relacionada con otros abusos, por ejemplo, descuento por parte del empleador de una parte de la remuneración de las mujeres para pago de cotizaciones previsionales que finalmente no se hacen efectivo (o sea, robo directo y descarado a las trabajadoras). Según la dirigente las mujeres “muchas veces trabajan sin contrato, es el primer escollo, son negociados entre el trabajador y el contratador, que puede ser un contratista, un enganchador o un mandante, hay una variedad de formalidades sobre cómo se ejerce el trabajo asalariado, es diverso y precario, de malas condiciones, de una flexibilidad laboral”. En cuanto a los salarios, en general ellos suelen estar en torno al salario mínimo. Alicia nos dice que “hay niveles que están por sobre el mínimo y otros por bajo el mínimo, es una variedad impresionante, cuando yo hablo bajo el mínimo o sobre el mínimo, ese es el grueso, porque cuando uno conversa con las trabajadoras en las empresas, algunas pagan por caja, a cuánto por caja, derrepente en el pic de la producción pagan a $12 por caja, $20 la caja, o sea es una variedad que las grandes empresas se pueden poner de acuerdo, pero cuando entramos en los matices vemos que las mujeres dependen del trabajo de la subcontratación, que es como el tráfico de la mano de obra, ahí es lo más perverso”.
Por la necesidad de mantener o aportar a económicamente a sus familias, las mujeres trabajan hasta muy avanzada edad, pero arriesgando su integridad física y hasta su vida. Así, según Alicia, a “las viejas expertas las siguen contratando, pero a migajas, a una explotación inhumana, tengo mujeres en Lo Herrera, a la salida de Santiago, setenta y tantos años la señora, seleccionando en una escalera de puras cajas plásticas, donde viene la fruta, y ella la colocaba así, a medida que iba subiendo iban colocando otras cajas para subir y estaba por allá arriba, y yo decía, si esta mujer se cae, con setenta años, no tiene ningún peso, con qué se va a atender, y probablemente si se enferma ya a la empresa no le sirve y no la toma más, con qué va a vivir, va a tener que golpear en la municipalidad para que le den la pensión asistencial y esa es la situación más injusta que puede haber, es lo más indigno para mujeres que han trabajado 30, 35, 40 años en estas empresas”.
Por otra parte, desde la fundación de Anamuri la organización ha planteado su rechazo al sistema privado de pensiones vigente en Chile y, de modo más específico, ha demandado una jubilación digna y la rebaja de la edad para jubilar. Resulta llamativo, en este marco, la propuesta que estudia la Comisión Marcel de elevar los años de jubilación para las mujeres. ¿Qué significa para estas mujeres?, ¿Puede con tres, cuatro o cinco años más de trabajo cotizar lo que no pudieron hacer en treinta?, ¿No significa esta medida una forma más de explotación de las trabajadoras en nuestro país? Y pensando en este mismo tema, pero a nivel nacional, ¿No deberían igualarse los salarios de hombres y mujeres antes de pensar en subir la edad de jubilación para éstas últimas? La Anamuri ha criticado la existencia de un sistema de pensiones no solidario, que hace que la pensión recibida por las trabajadoras al momento de jubilar dependa de sus propias cotizaciones y, por lo tanto, de lo acumulado durante su vida laboral. Como hemos dicho antes, la temporalidad del trabajo hace que las trabajadoras coticen muy esporádicamente. Además, de acuerdo a un documento de Anamuri “está comprobado que los meses de temporada de las mujeres son inferiores a los de los hombres, por lo que, en el caso de existir contrato las lagunas previsionales son aun mayores”. Es posible observar situaciones realmente dramática en la situación de las trabajadoras. Según nos relata Alicia, “uno se encuentra con mujeres que han trabajado desde que en este país se instaló el tema de las plantaciones para la agroexportación, las mismas mujeres que ahora son dirigentes en esta organización, participaron de la plantación de todos los productos de la uva fresca, que desde este país sale a los mercados extranjeros, ha habido mujeres que han trabajado una década o más en estas actividades y cuando uno revisa con qué cuenta después de 30 o 40 años de haber trabajado para las empresas, se encuentra con mujeres que no tienen nada, o sea han tenido descuentos, seguramente les dijeron te estamos descontando para la AFP, le estamos descontando para su salud, pero resulta que las mujeres tienen una mala atención de salud o no la tienen, y no tienen recursos en la AFP o en el INP, porque las empresas nunca le impusieron, entonces las mujeres tienen 35 años en la empresa, dicen trabajé tanto, hoy día no me contratan porque estoy enferma, quiero jubilarme, pero no tengo más que 500 mil pesos de ahorro”. Existe una “deuda histórica” con las trabajadoras en materia de derechos laborales y seguridad social. Los cambios que están en juego en la reforma previsional que se discute actualmente, siendo importantes, no dan cuenta de todos los problemas que existen en el sector. En primer lugar, porque la seguridad social de las trabajadoras tiene que ver con muchos otros factores y no sólo con la previsión. Es necesario mejorar los salarios, las condiciones de trabajo, el acceso a salud y seguridad en el trabajo, la regulación a los contratistas, etc. Finalmente, y esto cabe pensarlo también en el plano nacional, no podemos desconocer que tras la discusión de la reforma subyace un debate mucho más sustantivo todavía relacionado con la forma en que se distribuye la riqueza en Chile. Este tema no puede ser dejado de lado y tiene que ser instalado con más fuerza aún en el debate público nacional. ¿Cuánto reciben los trabajadores por su contribución al crecimiento del país?

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